Intervención en la Comisión de Política Territorial y Función Pública

Comparecencia de Miquel Iceta en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados (18.03.21)

Muchas gracias Presidenta, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gran honor comparecer ante esta Comisión, y como es la primera vez que lo hago quiero subrayar mi respeto hacia el Parlamento, hacia esta Comisión y hacia todos sus integrantes.

Para mí, la primera comparecencia es importante porque es la que señala prioridades y traza caminos, y quiero que sepan que voy a tener muy en cuenta el trabajo que hace esta comisión y el que podemos hacer juntos en el futuro, no solo en el día de hoy. Este ministerio es el de la cooperación, el de los pactos, y los pactos que se establecen en sede parlamentaria tienen una relevancia muy importante.

Formo parte de un Gobierno comprometido con el diálogo, que vamos a mantener esa oferta permanente a todos los grupos y administraciones con independencia del color político de sus gobiernos, porque creemos que es la mejor manera de avanzar, y en las Cortes se expresa la pluralidad de los puntos de vista y los proyectos políticos y es la representación más genuina de la voluntad ciudadana.

Por tanto, me pongo en primer lugar a disposición de todas y todos ustedes, les ofrezco toda mi colaboración, con voluntad de acuerdo y con disposición a aceptar tanto críticas como propuestas, porque de ellas se derivará una mejor acción colectiva.

Quisiera subrayar dos aspectos esenciales de mi función como ministro, que creo que la lucha contra la pandemia ha subrayado de forma especial. En primer lugar, la importancia de los servidores públicos, de las trabajadoras y trabajadores de las administraciones públicas, que han demostrado con su labor comprometida mucho más allá de sus obligaciones por qué es necesario contar con unos servicios públicos suficientemente dotados y eficaces.

Si algo ha puesto de manifiesto la emergencia sanitaria es la importancia de lo público, de la función pública y de la gestión pública, para dar respuesta a lo extraordinario, porque hemos visto que lo excepcional desde luego puede ocurrir.
Más que nunca, y lo debemos tener muy presente, cuando reducimos recursos de los servicios, de las administraciones, de la pieza esencial de los servicios públicos, como son sus trabajadores y trabajadoras, estamos debilitando nuestra capacidad de respuesta ante situaciones como la del coronavirus, con todo lo que ello implica.

Señorías, a la hora de la verdad, lo único que nos separa del desastre es lo público.

En segundo lugar, nuestro Estado se sostiene en valores democráticos, que se encarnan en el diálogo, la negociación y el pacto, imprescindibles para el desarrollo del Estado de las Autonomías. Un Estado de cooperación entre administraciones en el que las técnicas federales son la mejor guía para solucionar los problemas.

Recientemente, Funcas ha publicado el informe 40 años de Descentralización en España, balance y perspectivas, en el que se concluye que los procesos de descentralización intensa, rápida y específica de nuestro país, de democratización y de consolidación del Estado del Bienestar han sido exitosos. Pero también señala el informe que hay aspectos que se deberían mejorar y que forman parte de nuestra hoja de ruta colectiva, como son:

 El refuerzo de las instituciones propias de los países descentralizados, como lo es el Senado o las Conferencias de Presidentes y Conferencias Sectoriales.
 Apuesta por la cultura federal de diálogo, pacto y cooperación permanente
 Aprovechar mejor el intercambio de experiencias entre Comunidades Autónomas.

Siempre he apostado por una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad y este es el camino que pretendo seguir.

1. Federalismo

Señorías, quería empezar por una declaración: Yo soy federalista. El federalismo entendido como lo hacía el poeta Joan Maragall, es unión y libertad, una filosofía política basada en la fraternidad.

El federalismo lo constituye una guía de soluciones prácticas a los problemas planteados por estructuras políticas complejas y un conjunto de mecanismos para poner en práctica el principio de subsidiariedad. Un federalismo que debe aunar, y no me cansaré de repetir, autogobierno y gobierno compartido. El federalismo es sobre todo cooperación.

Por ello, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública vamos a reforzar todos los mecanismos de coordinación, cooperación, colaboración y cogobernanza entre el Gobierno, las Comunidades y Ciudades Autónomas, pero también las Diputaciones, los Cabildos, Consejos Comarcales y por supuesto, y prestándoles una especial atención, los Ayuntamientos, representados por la FEMP.

La pandemia producida por la Covid 19 es el mayor desafío al que se ha enfrentado este país desde la llegada de la
democracia. Pero una de las grandes lecciones aprendidas es que la cogobernanza funciona.

Como he señalado anteriormente, la pandemia ha demostrado que juntos somos más fuertes, que colaborando somos más eficaces.

2. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

España está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. La pandemia ha supuesto un enorme coste humano y en términos de salud, pero también ha comportado importantes costes sociales y económicos y ha puesto de manifiesto algunas debilidades de nuestra estructura económica. Debilidades que podremos superar gracias a una de nuestras principales fortalezas: nuestra pertenencia a la Unión Europea.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia puesto en marcha por la Comisión Europea, que se materializará en España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno, ha de servir para potenciar la recuperación económica y para adecuar nuestro modelo productivo a los requerimientos de la nueva sociedad del siglo XXI.

Las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y las Entidades Locales están llamadas a jugar un papel clave en la
gestión de los Fondos Europeos, serán uno de los protagonistas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y participarán en su ejecución.

El Plan, que todos ustedes ya conocen, consta de cuatro ejes transversales [transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género] y diez políticas palanca. Una de ellas, la cuarta, “Una Administración del siglo XXI”, se desarrolla en el Componente 11 del Plan del Gobierno bajo el título Modernización de las Administraciones Públicas.

Para ser concretos, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública invertirá 1.000 de los 4.000 millones de euros del componente 11. De estos 1.000 millones, 970 los gestionarán las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y 30 millones de euros, los gestionaremos directamente desde el Ministerio.

En estos momentos estamos terminando de diseñar los criterios que deben informar los proyectos que deberán ser desarrollados en el marco de este componente, y que presentaremos a la Conferencia Sectorial de Administración Pública y a la Comisión Nacional de Administración Local, junto con los parámetros de distribución de los fondos que a dichos proyectos se destinan.

Nuestro principal papel en el Componente 11 del Plan se encuentra en acometer las reformas que nos llevarán a una verdadera modernización de la Administración, y que se refieren:

 Por una parte, al empleo público, concretamente, a la reducción de la temporalidad, al refuerzo de las capacidades de las empleadas y empleados públicos y a la captación del talento hacia la Administración del Estado.
 Por otra parte, a la evaluación de las políticas públicas, a la transparencia, a la mejor gobernanza y a la rendición de cuentas.
 Y por último, a la arquitectura institucional, reforzando la cooperación entre administraciones.

Estas reformas contempladas en el Plan, están marcando la agenda de trabajo del Ministerio y son, por tanto, nuestra principal prioridad en la legislatura.

2.1. Empleo Público

Como he señalado al principio de mi intervención, una de las lecciones aprendidas de la crisis sanitaria es la importancia de contar con unos servicios públicos suficientemente dotados y eficaces. Y en este aspecto, la columna vertebral de los servicios públicos, los trabajadores y trabajadoras públicos, merecen todo nuestro respeto, reconocimiento y que las administraciones les prestemos nuestra máxima atención.

Ellos y ellas tienen una importancia trascendental y decisiva y durante la pandemia han demostrado una dedicación y un compromiso dignos de elogio.

Me refiero a las y los profesionales sanitarios, que lo han dado todo y siguen haciéndolo, para cuidar de la salud de la ciudadanía durante una pandemia que probablemente marcará su carrera profesional.

También me refiero a los servidores públicos que trabajan en los servicios administrativos, en los servicios sociales, al profesorado de los centros educativos y universidades, que se han tenido que adaptar a unas circunstancias extraordinarias, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales, a los cuerpos militares, diplomáticos, de bomberos, personal al servicio de la cooperación internacional, de extranjería y asilo, sistemas y tecnologías, y a tantos y tantos ejemplos de dedicación, vocación y compromiso. Todos ellos y ellas deben saber que el Ministerio que ahora dirijo es también su casa, como lo es esta comisión.

Y permítanme una especial mención a los técnicos de la Administración Civil del Estado, que, por ejemplo, sobre todo durante el primer estado de alarma, han redactado unas 3.000 páginas de más de 70 órdenes, con la carga de trabajo y sobreesfuerzo que supuso en esos duros momentos y trabajando en condiciones muy adversas.

Quiero subrayar en esta Cámara el compromiso del Gobierno y del Presidente del Gobierno con los servidores públicos y mi propósito será hacer valer ese compromiso y tratar de mejorar sus condiciones de trabajo, consolidar sus empleos e incrementar la valoración ciudadana sobre su desempeño.

2.1.1.Reforma para reducir la temporalidad en el empleo público.

Señorías,

Quiero lanzar, si me lo permiten, un mensaje a los y las trabajadoras de la función pública: creo que todos somos conscientes, y el Gobierno es consciente, del problema que supone la elevada temporalidad en la función pública y trabajamos para reducirla drásticamente.

La crisis económica de 2008 y las políticas de austeridad generaron un problema durante años, principalmente aquéllos en los que no hubo ofertas de empleo público, o no se ofertaron suficientes plazas.

Porque, entre otros factores, mientras las administraciones tenían la necesidad de mantener la oferta de servicios públicos,
se veían limitadas por una tasa de reposición que entre 2012 y 2015 llegó a ser del 0%, y se vieron abocadas a la contratación de personal temporal.

En este aspecto quiero subrayar que los Presupuestos Generales del Estado para 2021, los primeros plenamente vigentes en casi tres años, han elevado por primera vez la tasa de reposición hasta el 100%1, llegando en determinados ámbitos y circunstancias al 110-115%.

En este sentido también, quiero anunciarles que en junio se publicará la Oferta Pública de Empleo de este año, porque no queremos debilitar el servicio público ni limitar sus capacidades.

Señorías,

La temporalidad es un problema que alcanza al conjunto de las Administraciones, pero no a todas por igual. Por supuesto que en la Administración General del Estado se producen casos de temporalidad injustificada, pero en menor medida que en otros ámbitos de la Administración.

Hablamos, en el caso de la AGE, de una temporalidad del 8% frente a ratios que en ocasiones superan el 30% a nivel autonómico, y que se suelen concentrar en los servicios de salud y educación; también en otros, como en la justicia o en la investigación, y en los Ayuntamientos. 

He dicho ya en varias ocasiones que, en algunos casos, cierta temporalidad es aceptable, incluso necesaria, en servicios que no pueden dejar de prestarse. Pero desde el Ministerio, de acuerdo con los trabajadores y en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales debemos lograr que lo normal sea que las personas que ejercen un trabajo estructural en la Administración, lo hagan desde una plaza fija.

Señorías, vamos a abordar esta situación, dialogando con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, así como con las organizaciones sindicales, en torno a tres aspectos:
En primer lugar, vamos a reducir la actual tasa de temporalidad en las Administraciones a través de medidas eficaces que eviten nuevas bolsas de empleo público temporal.

La semana pasada mantuve mis primeras reuniones con los representantes sindicales y me comprometí con ellos a traer a
esta Cámara la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de modo que se establezca la obligatoriedad de las Administraciones Públicas de cubrir las plazas existentes que hoy ocupan personas sin contrato fijo.

El objetivo es desarrollar medidas efectivas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, de modo que se ponga el énfasis en su carácter de excepcionalidad y se delimite su duración máxima. A todos nos conmueven las informaciones de personas que están 15 ó 20 años sin contrato fijo en la Administración. La Ley lo debe prohibir. Y no vamos a hacer las cosas por decreto, lo tenemos que hacer de acuerdo con las administraciones públicas. Y sabiendo que problemas como la temporalidad, no tienen solución a corto plazo o de forma inmediata.

En segundo lugar, vamos a actuar también para remediar la elevada temporalidad existente, regulando una nueva ampliación de los procesos de estabilización, ya que observamos que se están desarrollando de manera más lenta de lo inicialmente previsto. Todos pudimos escuchar declaraciones del ministro Montoro con unos acuerdos para reducir la temporalidad pero que probablemente en su desarrollo no han encontrado los objetivos fijados.

En tercer lugar, en los procesos de estabilización mencionados, se debe promover, desde el necesario respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, la estabilización con carácter fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de tipo estructural. Perdonen que ponga ejemplos de un universo tan amplio, las trabajadoras y los trabajadores de la limpieza, son puestos de carácter estructural, no imagino que llegue el día en que una Administración decida que sus sedes no sean mantenidas permanentemente en buen estado de funcionamiento. Por tanto, estamos hablando de hacer lo lógico, si una persona ejerce una función permanente en la Administración, lo normal es que la desarrolle desde un contrato fijo, no desde una temporalidad que precarice su empleo y que además hace muy difícil plantearse el futuro.

Esperamos encontrar puntos de encuentro entre todas las partes (Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Organizaciones Sindicales) para la definición de las medidas concretas que nos permitan alcanzar estos objetivos con prontitud y eficacia.

2.1.2. Envejecimiento: Plan de Captación de Talento

Señorías, la temporalidad no es el único problema, la función pública tiene que abordar otros asuntos, uno es la elevada
edad media de las plantillas (52 años de media frente a 42,5 en el sector privado) o la necesidad de reforzar las capacidades del empleo público.

Para el primer reto, como es reducir la edad media de las plantillas públicas, trabajamos en un Plan de Captación del Talento que busca promover la orientación laboral de la ciudadanía hacia la Administración, es decir, es un plan que va a nacer con la vocación de que la administración pública sea una opción atractiva para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral.

En este ámbito se hace preciso repensar los mecanismos de selección, así como modernizar los perfiles profesionales en el empleo público.

Es necesario preguntarnos por qué motivo en demasiadas ocasiones las plazas que se ofertan quedan vacantes. ¿El empleo público no resulta atractivo?¿No somos capaces de proyectar su variedad, la posibilidad de crecer en la vida profesional en la Administración?

Sería deseable un acceso a la función pública en el que se tuviera más en cuenta la capacidad y la aptitud y menos la habilidad memorística de los candidatos, como ocurre ya en muchos países de nuestro entorno.

Por ello, trabajamos en la elaboración de un Plan Estratégico de Reforma del modelo de acceso al empleo público que agilice y modernice la entrada al sector público.

Les anuncio también que después del verano el Gobierno aprobará un Real Decreto de teletrabajo en la AGE con el que daremos soluciones a las zonas en declive demográfico y a cobertura de plazas en determinadas partes del territorio que suelen quedar vacantes, incorporado a la Estrategia Frente al Reto Demográfico que nuestro país debe abordar de forma urgente.

2.1.3. Refuerzo capacidades empleo público

Respecto al segundo reto, el refuerzo de las capacidades de los empleados públicos, el Instituto Nacional de Administración Pública dispone de un plan estratégico para la mejora, desarrollo e implantación de estos aspectos. El objetivo es conseguir reforzar y apoyar la labor de las empleadas y los empleados públicos, alineado con el Plan de capacitación digital aprobado recientemente por el Gobierno.

Este plan también recoge otros compromisos como es el desarrollo de una ambiciosa oferta formativa que pone el foco en las competencias, más que en la acumulación memorística de conocimientos.

De igual manera, como saben sus Señorías, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública trabaja en un borrador de Ley de Función Pública de la Administración del Estado que siente las bases de una reforma integral, profunda y ambiciosa del régimen del empleo público en la Administración General del Estado.

Esta nueva ley pretende consolidar un modelo de empleo público profesional, productivo, eficaz y motivador, con una organización en materia de recursos humanos más flexible, ágil e innovadora en sus procedimientos.

Si me permiten, quizá uno de los aspectos más novedosos de la ley en la que trabajamos sea el desarrollo de la figura del directivo público profesional, como elemento clave que nos acerca a los modelos de función pública más avanzados.
La figura del directivo público profesional es un elemento consolidado en nuestro entorno europeo y es una figura ya prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público. Ahora nos proponemos definir sus funciones, requisitos, procedimiento de nombramiento, mandato, planificación y evaluación de su desempeño, así como el régimen de conflicto de intereses y cese.
Señorías, antes de terminar este primer bloque de reformas relacionado con el empleo, quiero subrayar el importante trabajo desarrollado en el III Plan para la Igualdad de género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella.

Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública daremos el necesario impulso a la implementación de las medidas que contempla.

Quiero hablarles también de un reto que nuestro Plan de Transformación pone sobre la mesa.

2.2. Evaluación de las Políticas Públicas, Transparencia y Gobernanza

2.2.1. Agencia de Evaluación

Señorías, desde hace algunos años, la Comisión Europea y la OCDE vienen recomendando a los Estados la importancia de la evaluación de las políticas públicas y la necesidad de contar con instituciones y marcos adecuados de la evaluación.
En España, la institucionalización de la evaluación de políticas públicas aún tiene camino por recorrer para alcanzar un nivel aceptable, según coinciden diversos estudios, y contar con una política integral de evaluación de las políticas públicas.
Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se creó la AEVAL, la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que tan bien conoce la presidenta de esta Comisión, la querida Luisa Carcedo, puesto que presidió el organismo en aquel tiempo.

Los sucesivos gobiernos fueron restando presupuesto y atribuciones a la Agencia hasta que quedó reducida al actual Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, que depende de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.

La fragmentación de las actividades de evaluación que se realizan en las distintas administraciones públicas dificulta tanto la visibilidad como el intercambio de información y de buenas prácticas evaluadoras. Y ello ocurre tanto a nivel central como en otros niveles de gobierno, para lo que se requieren actuaciones de coordinación y cooperación.

Esta fragmentación se hace especialmente evidente en el análisis del impacto de las políticas públicas sobre la igualdad de género, el medio ambiente y la transición ecológica y energética, la despoblación, el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y directrices europeas o la adecuada alineación con los objetivos de la Agenda 2030.

Señorías, el gobierno está trabajando en el impulso de la Evaluación de Políticas Públicas en las Administraciones, y ha comprometido esta reforma encuadrándola también en el Componente 11 del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

Para ello, les anuncio que elaboraremos un proyecto de ley de Evaluación con el objetivo de institucionalizar la práctica de la evaluación de las políticas desarrolladas por las administraciones públicas desde un enfoque integral, transversal y bajo los principios de coordinación y cooperación.

Se trata de establecer, en línea con las recomendaciones de la OCDE, una definición clara y precisa de los conceptos y principios generales de evaluación de políticas públicas y de su institucionalización en las administraciones públicas.

2.2.2. Transparencia y Gobierno Abierto

Señorías, otra de las reformas que estamos comprometiendo con la Comisión Europea para la ejecución del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, tiene que ver con la gobernanza y la transparencia en la actuación de la administración pública.

Como saben sus Señorías, el IV Plan de Gobierno Abierto, aprobado en octubre de 2020, supuso una apuesta conjunta de las administraciones y de la sociedad civil por la transparencia y la integridad. Es un plan nacional, fruto de la participación
ciudadana y de la deliberación conjunta entre Administraciones y la sociedad civil.

El IV Plan recoge diez compromisos altamente innovadores en los que ya estamos trabajando. El objetivo es impulsar la transparencia a la hora de crear políticas públicas con más trazabilidad, reactivar la participación ciudadana, la implantación de la comunicación inclusiva y, por supuesto, una mayor participación de las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como de la FEMP para el gobierno abierto y transparente.

En este aspecto, me comprometo a reformar la normativa básica estatal en materia de incompatibilidades, con el fin de establecer un sistema de prevención de conflicto de intereses más completo y acorde con la Administración actual, al tiempo que se corrigen las disfunciones detectadas en la aplicación de la Ley.

Con esta reforma se regularán de manera más efectiva las condiciones de compatibilidad con la actividad privada, se delimitarán adecuadamente las actividades exceptuadas y se contemplará, entre otros aspectos, un sistema de incompatibilidades al cese para el personal directivo.

En cuanto a la regulación de los grupos de interés o lobbies, puedo informarles de que he dado instrucciones para que se
aceleren los trabajos para la creación de un registro obligatorio.

Son muchos los países de nuestro entorno que tienen normas reguladoras y, además, en nuestro país hay ya Comunidades Autónomas y corporaciones locales que han abordado esta regulación.

Asimismo, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia compromete la reforma del marco regulatorio de la transparencia.

En el Ministerio somos conscientes del retraso acumulado, pero me comprometo a que en este primer semestre podamos enviar el Consejo de Ministros el Reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia.

2.3. Arquitectura institucional

Señorías, el último y gran eje de reformas que acometeremos en el marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia tiene que ver con la arquitectura institucional.

Un ámbito en el que, además de reforzar la cooperación entre los distintos niveles de la administración, es indispensable incorporar a las entidades locales, tanto desde el punto de vista de su participación en la toma de decisiones, como desde la
óptica de la resolución de sus problemas de índole administrativo y competencial.

2.3.1. Estatuto Básico del Municipio de Menor Población

En este punto quiero detenerme en el Estatuto Básico del Municipio de Menor Población que queremos traer a las Cortes cuanto antes.

Queremos darles a los pequeños municipios más facilidades para ejercer sus funciones y queremos hacerlo en el marco de la Estrategia Frente al Reto demográfico.

Los municipios de menor población tienen una singularidad propia que nos obliga a que dispongan de una normativa adaptada a su realidad específica. Este Estatuto básico es la palanca para provocar ese cambio. Y, por supuesto, para garantizar la calidad democrática y la prestación de los servicios públicos.

Seguro que sus Señorías saben de esa problemática: existe una enorme dificultad, por ejemplo, para cubrir las plazas en los municipios muy pequeños de habilitados nacionales, es decir, secretarios e interventores, así como otros puestos de funcionarios, en municipios alejados a grandes núcleos de población, son poco atractivos y no podemos desampararlos.

También es verdad que los muy pequeños municipios se topan con obstáculos para la contratación debido a la actual redacción de la ley de contratos públicos. Carecen de incentivos que impulsen la asociación intermunicipal para ahorrar costes a la hora, por ejemplo, de ofrecer determinados servicios.

La ley debe permitir que cada Ayuntamiento pueda agilizar los procedimientos. Debe ser posible la cooperación y el apoyo de los municipios con más recursos y las Comunidades Autónomas a las que pertenecen sin que esto suponga una pérdida competencial.

El Estatuto Básico del Municipio de Menor Población será una normativa que en definitiva garantice una prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía, independientemente del lugar de residencia.

2.3.2. Cooperación institucional

Señorías,

La pandemia nos ha obligado a todos a gobernar más y mejor desde la cooperación y a coordinarnos más y mejor desde los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y el Gobierno de España.
Cada semana, los miércoles por la tarde, tengo la oportunidad de participar de un órgano de características federales. Me
refiero al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que las Comunidades Autónomas junto al Gobierno de España y, de manera reciente, con la participación de las Entidades Locales a través de la FEMP, adoptan decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía.

Este Consejo es el órgano de gobernanza del Sistema Nacional de Salud y durante la gestión de la pandemia se ha convertido en el órgano que nos ha permitido y nos permite responder de manera coordinada, cohesionada y unida. Y este es el camino en el que debemos seguir profundizando: más y mejor cooperación, más y mejor coordinación y más cohesión.
El sistema funciona mejor cuando compartimos objetivos comunes y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y eso he podido comprobarlo personalmente cada semana.

Las incertidumbres del presente y del futuro sólo encontrarán adecuada respuesta desde el equilibrio de un autogobierno cercano y de un Gobierno compartido. Por ello también la cooperación y la coordinación son nuestras guías de actuación de la Unión Europea.

Hasta el inicio de la pandemia y con ella del primer Estado de Alarma en marzo de 2020, los instrumentos de cooperación existentes funcionaban como mecanismos de coordinación entre Comunidades Autónomas y el Gobierno de España (las Conferencias Sectoriales), cada una con dinámicas propias y con sistemas de toma de decisión también propias.

Por ejemplo, la propia Conferencia de Presidentes funcionaba de forma muy rígida, con serias dificultades para alcanzar acuerdos y con una frecuencia de reuniones que dependía de tan solola voluntad del gobierno de turno. Sin embargo se han celebrado más Conferencias de Presidentes en 2020 que desde que se constituyó este mecanismo de coordinación en 2004. Y se ha erigido en este tiempo como una herramienta eficaz, no quiero decir que no sea mejorable.

Por otra parte, la participación de la FEMP en los órganos de cooperación, como organización que mayoritariamente representa a las entidades locales, es compleja por su carácter asociativo y no goza del mismo tratamiento que las Comunidades Autónomas. Sin embargo, hoy por hoy la FEMP ya participa en varias conferencias sectoriales.
Señorías, la gestión de la crisis sanitaria ha demostrado que la cooperación es un instrumento imprescindible de escucha y un mecanismo de trabajo para los planes ministeriales. La cooperación es también la forma en que debe apoyarse nuestro modelo de Estado descentralizado para su óptimo funcionamiento.

Nos comprometemos a hacer de la cooperación la única fórmula viable para el diálogo, el acuerdo y la toma de decisiones compartidas.

Después del camino recorrido, después de una reflexión sobre las lecciones aprendidas durante los últimos meses, la más clara, la más contundente es la lección de la obligada cooperación entre instituciones, entre gobiernos que tienen problemas diferentes, entre gobiernos que tienen perspectivas diferentes y también propuestas de soluciones diferentes.

Pero debemos abrir el diálogo y el acuerdo entre Comunidades y Ciudades Autónomas que tienen problemas similares, para buscar soluciones comunes. El diálogo es siempre una oportunidad para el acuerdo. Y el diálogo y la cooperación horizontal con las CCAA es un camino con mucho trecho en nuestro país.

Ha llegado, pues, el momento idóneo para que desde este Ministerio propongamos fórmulas que construyan un nuevo tejido de cooperación más sólido. Así gestionaremos mejor la diversidad y también la discrepancia que cabe en un Estado complejo como el nuestro.

Otra de las revelaciones de este año de crisis sanitaria ha sido el papel de las Delegaciones del Gobierno. Se han mostrado como instrumentos eficaces y rápidos d la Administración General del Estado complementando también este modelo cooperativo del que les hablo, ayudando a Gobiernos autonómicos y locales en la aplicación y gestión de las decisiones que durante el Estado de Alarma se iban tomando. No quiero alargarme aquí pero estamos poniendo en marcha un Plan que mejore la calidad de los servicios públicos que las Delegaciones prestan en el ámbito de su competencia.

3. Estado de las Autonomías

Señorías, he hablado hasta ahora de las grandes reformas que acometeremos y comprometeremos en el marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Y quiero, ahora que hablaba de los buenos resultados de la cooperación, referirme a la salud de nuestro Estado de las Autonomías.

Las Comunidades Autónomas han desempeñado un papel protagonista en la construcción del Estado del Bienestar. También han tenido un peso determinante en la consolidación de derechos y servicios públicos esenciales para la ciudadanía, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, así como la igualdad entre hombres y mujeres.

En materia de política territorial, este Ministerio avanza sobre dos ejes muy claros. Por un lado, el desarrollo del Estado de las Autonomías, como lo querían los constituyentes que nos presiden, como un Estado diverso, plural y que, por lo tanto, debe atender realidades muy distintas, desde la diversidad, pero desde la cooperación. Por otro, el impulso del municipalismo.

3.1. Traspasos

En el Gobierno estamos comprometidos con el pleno desarrollo de las competencias autonómicas y de los Estatutos y trabajamos día a día de la mano de los diferentes gobiernos autonómicos para avanzar en los procesos de transferencias.
Es conocido por todos ustedes que estamos finalizando la negociación con el País Vasco del traspaso de la gestión de instituciones penitenciarias, recogido en su Estatuto. Y seguimos trabajando en otras competencias que figuran en el Estatuto de Gernika y que poco a poco y en la medida en que vayamos alcanzando nuevos acuerdos, se irán traspasando.
Pero también tenemos abiertos procesos de negociación con la Comunidad Foral de Navarra, Andalucía, Castilla La Mancha, Baleares y Canarias. Y estamos estudiando las peticiones que recientemente ha realizado la Xunta de Galicia.

3.2. Acuerdos y disminución de la conflictividad.

Señorías, voy a ilustrar con un ejemplo muy claro por qué vengo diciendo que este quiere ser el Ministerio de los pactos.
Llevo al frente de este Ministerio siete semanas. En este periodo he firmado ya trece acuerdos que han evitado llevar al Tribunal Constitucional conflictos de competencias entre el Estado y las CCAA. He iniciado también cuatro procesos de negociación según dispone el artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional.

Es cierto que he firmado también dos solicitudes para interponer sendos recursos de inconstitucionalidad y ha hecho más ruido la interposición de los recursos que los acuerdos alcanzados. Esto ocurre siempre.

Los conflictos hacen mucho más ruido, pero deben saber que resolvemos muchos más conflictos de los que finalmente hay que elevar al Tribunal Constitucional.

Deberíamos quitar a veces el dramatismo con el que algunos presentan los recursos frente al alto tribunal.
El Estado de las Autonomías, entre otras cosas, se define por la existencia de diversos niveles de Gobierno, y cuando se produce un conflicto que las partes no logran resolver de mutuo acuerdo, hay que recurrir al árbitro, y el árbitro no es otro que el Tribunal Constitucional.

Pero insisto, antes que llegar al recurso del árbitro, siempre trataremos de llegar a acuerdos, que no son oscuros ni ocultos sino recogidos.

Por cierto, una novedad, que procede de la gestión de la anterior ministra, hasta ahora los acuerdos alcanzados como fruto de la aplicación del artículo 33.2 instaban a la modificación de normas autonómicas, pero, por primera vez en la historia hemos evitado recurrir al Tribunal Constitucional una Ley Autonómica modificando una Ley estatal. Concretamente el acuerdo alcanzado con Andalucía en medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Creo que esta es una buena noticia, y demuestra que cuando hay voluntad de colaboración y de diálogo los acuerdos son posibles. Ni digo sencillos, pero sí posibles. El compromiso de modificar una ley básica estatal, en el marco de un procedimiento 33.2, surge de un esfuerzo de colaboración por mejorar la articulación competencial con las Comunidades Autónomas, en este caso concreto, con Andalucía. Permítanme que destaque este acuerdo porque creo que es de una gran
relevancia, y pone de manifiesto una manera de entender el estado autonómico, de forma muy positiva y dinámica.

4. Municipalismo

Señorías,

Este es el ministerio de Política Territorial y, por lo tanto, es también la casa de los Ayuntamientos.

La COVID-19 ha vuelto a tensionar las políticas públicas locales, pero los municipios y sus responsables, de todos los colores políticos, salen bastante bien parados del envite. Sin embargo, al traje se le rompen las costuras. Los gobiernos locales tienen que lidiar con diferentes limitaciones y hasta ahora han ocupado una posición subsidiaria en la organización territorial del país. Eso debe cambiar. La prioridad del desarrollo autonómico no debe ser excusa para no activar el desarrollo local.

4.1. LBRL y LRSAL

Está claro que, en España, hay que reactivar el gobierno local con más competencias, una mejor financiación y más libertad de movimientos.

Por eso, tal y como está comprometido, vamos a impulsar la reforma de la legislación en el ámbito local. Se trata de una
decisión imprescindible y acuciante. Los Ayuntamientos necesitan y exigen el apoyo del Gobierno y vamos a dárselo.

Las dos crisis (2008 y 2020) que en este siglo están soportando los ayuntamientos españoles han puesto de manifiesto disfunciones y carencias en el régimen jurídico y la hacienda de los gobiernos locales.

A mí juicio, la aprobación en el año 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), lejos de resolverse, agravó dichos problemas.

Por tanto, en el horizonte de trabajo de este Ministerio pasa también por revertir el recorte de competencias que trajo consigo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Esta Ley sólo limitó la capacidad de gasto de los Ayuntamientos, sin introducir ninguna reforma estructural en el régimen jurídico ni de la hacienda local.

Señorías, las reformas que traeremos a la cámara garantizarán los elementos nucleares de la autonomía local, abordando además, como señalé anteriormente, la especial casuística de los pequeños municipios.

Este es un reto de nuestra sociedad y debe resolverse en la proximidad, donde la participación y el buen gobierno pueden ponerse a prueba para conseguir municipios más inclusivos y equitativos.

Desde este Ministerio queremos avanzar, como ya han hecho otros países europeos que han puesto en marcha la reforma de las administraciones territoriales. Para ello, en líneas generales, han dado más responsabilidades a los gobiernos locales desarrollando progresivamente la Carta Europea de la Autonomía Local, esa también es nuestra carta y nuestra brújula.

En definitiva, Señorías, se trata de facilitar el trabajo de los Ayuntamientos. Y desde el Ministerio vamos a hacer lo posible para que los servicios públicos, sea quien sea el titular, se presten de manera adecuada y eficaz.

4.2. FEMP, socio preferente.

La FEMP es para este Gobierno la referencia en el ámbito municipal. Y se le ha dado más protagonismo. Por primera vez, el 26 de octubre del año pasado, la FEMP participó en la Conferencia de Presidentes, y desde hace dos meses está presente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y créanme, su participación enriquece y nos ayuda a adoptar decisiones.

La FEMP participa en las reuniones de la Conferencia Sectorial de Asuntos Europeos (CARUE), así como en el reparto de los fondos europeos. Y queremos que esté presente en más conferencias sectoriales.

Por otra parte, desde este Ministerio se ha colaborado y cooperado con la FEMP para desplegar el IV Plan de Gobierno Abierto al que me referí antes, en un ejercicio claro de cogobernanza.

De todo ello hablaremos en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Administración Local que reuniremos por primera vez en el Senado, dando a esta Cámara la importancia que merece en la arquitectura institucional, que albergue conferencias sectoriales y abordar una reflexión sobre su eventual reforma.

5. Final

Señorías, finalizo ya…

Han sido meses difíciles para todos. También para poder dar cumplimiento a la agenda normativa del Gobierno. Soy consciente de ello. Pero los compromisos siguen vigentes.

Quiero subrayar que desde este Ministerio trabajamos con empeño para facilitar la vida a la ciudadanía y a los trabajadoras y trabajadores públicos.

Asimismo, vamos a colaborar, a cooperar y a cogobernar desde una mirada federal para fortalecer a las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y a las Entidades Locales desde el diálogo y el acuerdo porque esa es la esencia de este Ministerio.

Así vamos a actuar en todos los temas, también en temas tan delicados, pero para mí tan queridos, como fomentar todas las lenguas españolas que no son el castellano, en la función pública, en las administraciones y en la relación de los ciudadanos con estas.

Voy a defender un Estado de las Autonomías del siglo XXI que profundice en su carácter federal para que sea capaz de proporcionar todo lo que de él se espera:

 Uno, respeto a las identidades diferenciadas dentro de España, compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común. Como ya dije, en mi toma de posesión, creo en una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad.
 Dos, solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales y garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos vivan donde vivan. Y ahí encaja también nuestra voluntad de participar en la Estrategia frente al Reto Demográfico.
 Cooperación, colaboración y cogobernanza entre este Gobierno, los Gobiernos autonómicos, y las Entidades Locales.
 Y, sobre todo, y que nos debe mover a todos, eficacia en la gestión de los recursos y de los servicios públicos.

Eso es para lo que he venido y aquí me tendrán siempre a su servicio dispuesto a escuchar, dialogar, acordar y colaborar.

Muchas gracias.

About Miquel Iceta

Primer secretari del PSC

Posted on dijous 18 Març 2021, in Intervencions públiques. Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

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