Intervención en el Fórum Europa, 27.09.2018

INTERVENCIÓN DE MIQUEL ICETA EN EL FÓRUM EUROPA, 27.09.2018

[enllaç al vídeo]

Muy buenos días,

Permitan que empiece mi intervención agradeciendo a José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum, su amable invitación, así como el patrocinio de Red Eléctrica de España y ASISA, que me permiten dirigirme a todos ustedes.

Agradezco también a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a mi compañera y amiga, Meritxell Batet, su cariñosa presentación que pone en contexto y perspectiva mi intervención.

Y desde luego les agradezco a todos ustedes, y a los medios de comunicación, su numerosa y cualificada presencia que tiene mucho que ver con la situación política catalana.

Por cierto, entenderán que felicite efusivamente a Nicolás Sartorius por la reciente presentación de la Asociación por una España Federal que él preside.

Seguramente muchos de ustedes llevan tiempo buscando respuestas concretas a preguntas del tipo ¿Qué pasa en Cataluña? ¿Tiene solución? ¿Cuál podría ser esa solución?

Y aunque estoy seguro de que mis palabras no pueden dar entera satisfacción a sus inquietudes, sí pueden, o al menos eso espero, iluminar un poco el camino.

Y quiero empezar por centrar la cuestión. Lo que tenemos que abordar y resolver no va ni de Puigdemont, ni de Torra, ni de Junqueras, ni del PDeCAT, ni de Junts per Catalunya, ni de ERC, ni de la CUP, ni de la ANC, ni de Omnium. Ni de la escuela catalana, ni de los medios de comunicación.

La cuestión es que una parte muy importante de los catalanes, cansados de una relación entre Cataluña y España que consideran nociva e imposible de modificar, han abrazado la causa de la independencia.

¿Cuántos son? Miren, para redondear las cifras, estamos hablando de dos millones de personas.

Si quieren mayor precisión, podemos hablar de 1.897.274 personas que votaron la opción Sí-Sí en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, a las que podríamos añadir las 257.603 que votaron Sí-No o Sí-en blanco.

O si lo prefieren podríamos hablar de 1.966.508 personas que votaron a Junts pel Sí y a la CUP en las elecciones al Parlament de 2015.

O de las 2.044.038 personas que votaron Sí en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

O de las 2.079.340 personas que votaron a Junts per Catalunya, ERC y la CUP en las elecciones al Parlament de 2017. En este caso, el más reciente, los independentistas alcanzaron el 47,5% de los votantes, en un censo de cinco millones y medio de personas.

Mucha gente. Mal que les pese a los independentistas, dos millones no son mayoría, pero son mucha gente. A eso hay que dar respuesta. No se debe cerrar los ojos a la realidad.

Y desde luego tampoco puede olvidarse a la mayoría silenciosa de catalanes que no ha abrazado la causa independentista. La solución sólo la encontraremos pensando en todos y construyendo un acuerdo que sea aceptable para una amplia mayoría del 70 o el 80%.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Como causas principales se han citado muchas. Destaco cuatro para no cansarles.

la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto en 2010, que alteró una ley que llevaba vigente cuatro años sin causar ningún tipo de problemas. Una ley aprobada por mayoría absoluta del Congreso y del Senado, y aprobada en referéndum de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Una ley surgida de una ardua negociación en el Congreso de los Diputados a partir de una propuesta que recogió el apoyo de 2/3 de los diputados y diputadas del Parlament de Catalunya.
el impacto de la crisis económica de 2008 que agravó la sensación de maltrato económico de Cataluña y que, como en otros muchos lugares, alimentó populismo, insolidaridad y repliegue identitario.
la evolución del nacionalismo conservador que, tras haber protagonizado políticas de austeridad aliado con el PP, y afectado por el caso Pujol, el caso Palau y la corrupción del 3%, decide abrazar la causa independentista para afrontar las futuras elecciones en las mejores condiciones posibles.
la política recentralizadora del PP, insensible a las demandas de la Generalitat, en un proceso que el ministro Ábalos calificó el domingo de “progresiva independización del Estado de Cataluña”.

La cuestión es que desde 2010 no se produjo ningún acercamiento entre las posiciones de los gobiernos de España y de la Generalitat, sino todo lo contrario: se fue ensanchando cada vez más una profunda grieta.

Los días 6 y 7 de septiembre de 2017 se consuma la tragedia: se vulnera el Reglamento del Parlament, se pisotean los derechos de la oposición, se desoyen las advertencias de los letrados de la Cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, se vulneran el Estatuto de Autonomía y la Constitución, se convoca un referéndum ilegal para el 1 de octubre, y se aprueba una ley denominada “de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”.

El 1 de octubre se produce un acto de votación ilegal que es reprimido por las fuerzas del orden de forma contundente y en algunos casos con violencia.

El 10 de octubre Carles Puigdemont declara la independencia y ocho segundos después, sí han oído bien, ocho segundos después, suspende dicha declaración.

El 27 de octubre el Parlament de Catalunya declara la independencia y una hora después el Senado autoriza al gobierno de España a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Se procede a cesar al presidente de la Generalitat y a su gobierno, convocando elecciones al Parlament para el 21 de diciembre.

Permítanme un breve paréntesis. La aplicación del artículo 155 sirvió, entre otras cosas, para demostrar el sentido de Estado del PSOE en la oposición. El sentido de Estado del PP en la oposición sobre la cuestión catalana sigue, como el trabajo de fin de máster, sin aparecer. Y el sentido de Estado de otros, nacidos del conflicto y beneficiados por el conflicto también brilla por su ausencia. Cierro paréntesis.

Así pues, a finales de 2017, los independentistas buscando la independencia, nos hicieron perder la autonomía, y dividieron por mitades a la población catalana.

Miembros del gobierno de la Generalitat salieron de España mientras otros fueron encarcelados a la espera de juicio. Cabe recordar que los presidentes de la ANC y Omnium habían sido ya encarcelados el 16 de octubre a causa de la concentración convocada frente al Departamento de Economía en protesta por una actuación judicial que se desarrollaba en su interior.

En las elecciones del 21 de diciembre de 2017 el independentismo vuelve a obtener una mayoría parlamentaria pero sigue sin obtener una mayoría ciudadana.

Después de muchas vicisitudes se acaba produciendo la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat y la formación de un gobierno integrado por Junts per Catalunya y ERC. La CUP dice pasar a la oposición.

El president Torra afirma desde el primer momento que ejerce sus funciones en una suerte de delegación de Carles Puigdemont.

Desde el primer momento el gobierno de la Generalitat muestra signos de desorientación, indecisión y división interna.

Y eso no debe extrañar en un gobierno que, a pesar de sus proclamas en favor de la denominada “república catalana”, ciñe su actuación al marco autonómico vigente. Discurso y realidad no van de la mano. Pese a que los discursos inflamados enardecen a tirios y troyanos, la realidad acaba imponiéndose tan silenciosa como terca. La lectura de los 138 folios del Pla de Govern presentado ayer por el president Torra es muy ilustrativa al respecto.

Aun a riesgo de simplificar, ERC parece aceptar una aproximación pragmática mientras Junts per Catalunya parece seguir refugiándose en el legitimismo de Puigdemont.

En la actualidad, el mayor factor de cohesión de la mayoría independentista es el encarcelamiento y la huida de sus dirigentes, y el rechazo del juicio al que serán sometidos próximamente.

Nadie puede dudar de que estas circunstancias dificultan el proceso de normalización política.

En todo caso, aprovecho para afirmar mi confianza en el Estado de derecho y el total respeto a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial. A la justicia toca aplicar el derecho, y a la política encontrar soluciones.

Y a un problema que ha provocado una grave división social la única respuesta es la búsqueda permanente de soluciones acordadas que puedan alcanzar el apoyo de amplias mayorías, y un permanente esfuerzo de reconciliación.

No me cansaré de repetirlo, no hay solución posible sin un largo y difícil proceso de diálogo, negociación y pacto. Un proceso que debe respetar permanentemente la legalidad, y las mayorías y los procedimientos para cambiarla. Un proceso en el que cada pequeño acuerdo ha de ser considerado un gran paso.

Y el cambio político en España a partir de la moción de censura ha hecho posible iniciar ese camino. La disposición del presidente Sánchez al diálogo y a las reformas es el inicio de ese proceso. Cabe recordarque Carles Puigdemont no era partidario de votar la moción de censura, probablemente porque pensaba que contra el PP los independentistas vivían mejor.

Ahora conviene abrir el diálogo institucional cegado desde 2010. A partir de la reunión entre los dos presidentes, consellers y ministros se reúnen con naturalidad. Se han puesto en marcha los mecanismos bilaterales de relación entre los gobiernos, empezando por la Comisión Bilateral y siguiendo por los demás. Incluso parece que el gobierno de la Generalitat va a volver a asistir a las reuniones de organismos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ciertamente estamos en el inicio de un proceso, que ha empezado ya a dar algunos frutos como la retirada de algún recurso frente al Tribunal Constitucional, el abono en 4 años de 1.459 millones de euros de deudas pendientes acumuladas, o la refinanciación de 2.773 millones de euros de deuda a corto plazo.

Me parece muy raro que haya quien diga que ahora estamos peor. ¿Peor que cuándo? ¿Peor que cuando se convocaba un referéndum ilegal o que cuando se declaraba la independencia? Un poquito de por favor. Un poquito de prudencia sobre todo en boca de algunos que parecen creer que cuanto peor, mejor. La desinflamación ha empezado. Y es, desde luego, un gran acierto del presidente Pedro Sánchez.

A pesar de que no podamos lanzar aún las campanas al vuelo, cabe esperar que en los próximos meses esa dinámica de acuerdos haga crecer la confianza entre los dos gobiernos y permita abordar cuestiones más de fondo sobre las que estamos obligados a reflexionar.

Para los independentistas no hay más solución que la independencia o un referéndum sobre la independencia. Yo no comparto en absoluto ese planteamiento. No creo que cuestiones que afectan a los sentimientos de identidad o pertenencia puedan resolverse por la mera aplicación de la regla de la mayoría, que provoca en estos casos una gran división y polarización social.

En una sociedad dividida, en un tema tan sensible, una victoria por la mínima, la victoria de unos o de otros, acaba siendo la derrota de todos.

Ya se sabe que los referéndums sobre la independencia solo sirven si conducen a la independencia. Son esas soluciones mágicas que, como todos los trucos de magia, tienen trampa.

Son referéndums que se repiten hasta que se obtiene el resultado que buscan quienes los reclaman.

Hemos visto también como los referéndums mal planteados lejos de resolver los problemas, los complican. Tenemos bien cerca el referéndum sobre el Brexit.

Por lo tanto creo que merece la pena someter a referéndum acuerdos surgidos de un proceso de deliberación, de aproximación de posiciones y de acuerdo entre las formaciones políticas parlamentarias. Democracia directa, sí, pero como culminación de un proceso de democracia representativa.

Y por eso estoy completamente de acuerdo con el presidente Pedro Sánchez cuando sitúa la cuestión en un acuerdo sobre autogobierno que sea sometido al voto de los ciudadanos. Una reforma del Estatuto, sí.

Hay quien ha defendido, como el profesor Santiago Muñoz Machado, una reforma en paralelo de Constitución y Estatuto. Hay quien, como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ha evocado la necesidad de incorporar a la Constitución una nueva disposición adicional –sería la quinta– para incorporar la especificidad catalana. Hay también quien dice que en lugar de intentar grandes reformas en un proceso incierto, quizá sea mejor encadenar acuerdos concretos que refuercen el autogobierno y mejoren la financiación.

No voy a pronunciarme aquí sobre cual es el mecanismo concreto más adecuado. Pero sí digo que sea cual sea el camino que se emprenda requiere de un acuerdo político de fondo.

Un acuerdo primero entre catalanes. El independentismo tiende a evitar o soslayar esa cuestión, olvidando que un cambio profundo de nuestras instituciones requiere de un apoyo mínimo de 2/3 de los miembros del Parlament.

Los independentistas quisieron fulminar la legalidad vigente, con un apoyo inferior al que requería su mera reforma. Ese fue uno de los mayores errores de las nefastas sesiones parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre del año pasado.

Por eso el pasado 5 de julio, a propuesta del grupo socialista, el Parlament de Cataluña acordó solicitar al president de la Generalitat que convocase a los presidentes de los grupos parlamentarios con el objetivo de constituir un espacio de diálogo para facilitar acuerdos sobre todos los grandes temas de país. Hasta el momento el president Torra no ha tomado ninguna iniciativa en este sentido. Se lo reclamaremos de nuevo en el debate parlamentario de la semana próxima.

Un acuerdo entre catalanes es imprescindible. Pero no será suficiente, se requerirá además un gran Pacto de Estado sobre la cuestión catalana. Un pacto que puede recoger tantas cuestiones pendientes como se quiera si existe la voluntad política necesaria. Las resumo en 7 puntos al hilo de la Declaración de Barcelona suscrita entre el PSOE y el PSC el año pasado.

1. Las 46 demandas planteadas desde el Gobierno de la Generalitat al Gobierno de España en las que yo veo muchas posibilidades de llegar a acuerdos. Dejando de lado la cuestión del referéndum sobre la que ya me he pronunciado.

2. Desarrollar el Estatuto vigente e, incluso, a partir de las oportunas reformas legales en el Congreso, abordar algunas de las cuestiones que el Tribunal Constitucional consideró que podían acometerse a través de la reforma de las correspondientes leyes orgánicas.

3. Abordar la negociación de la financiación autonómica.

4. Impulsar un ambicioso Plan de inversión estatal en infraestructuras estratégicas para España en territorio catalán, que incorpore un diseño inteligente y una gestión compartida.

5. Profundizar en el reconocimiento de la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña. El Pacto debería servir para que se aprobara una Ley Orgánica de Reconocimiento y Amparo de la Pluralidad Lingüística en España. O para asegurar la presencia de todas las lenguas y culturas españolas en la UNESCO.

6. Reconocer la importancia estratégica de la ciudad de Barcelona como gran capital catalana, española y europea y sede de la Unión por el Mediterráneo.

7. Impulsar la reforma de la Constitución en un sentido federal. Una reforma que debería recoger las quellamamos las cuatro R, cuatro reivindicaciones:

Reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña.
Reglas de reparto competencial que mejoren el autogobierno desde el respeto y la lealtad institucionales, reconociendo singularidades y hechos diferenciales; con especial atención a las cuestiones relacionadas con la lengua, la educación y la cultura.
Recursos. Fijando los grandes principios del sistema de financiación que debe ser suficiente, solidario, justo y equitativo y que recoja los conceptos de esfuerzo fiscal similar y ordinalidad; así como la figura de los Consorcios Tributarios o solución equivalente.
Representación, a través de un Senado o Consejo Federal que haga de la Cámara Alta un verdadero instrumento de integración y cooperación territorial.

Voy acabando y les resumo los ingredientes de la fórmula del socialismo catalán para el necesario proceso de diálogo, negociación y pacto. Algo así como la receta de Iceta.

Acertar con el método: dialogar siempre, de todo y con todos, aunque no se llegue a nada de momento. Hablar es la condición necesaria para la política. Hablar no es ceder, es reconocer al otro. Hablar es garantía de respeto mutuo, de reciprocidad. Hablar en público, en las instituciones, en la sociedad, en los mediospero también con discreción, buscando complicidad y sin el foco de las expectativasmediáticas. Hablar ahora, y negociar cuando se pueda.

Mantener una actitud positiva: el respeto a todas las ideas, en especial, las de nuestros adversarios o rivales. Una nueva etapa de cultura democrática basada en la más profunda convicción de que las diferencias en las ideas no deben impedir las coincidencias, siempre que sea posible, en los métodos y las cuestiones concretas. Desterrar el desprecio. Cerrar la puerta a la animadversión. Aceptar la diferencia y proteger la diversidad.

Acordar los mecanismos: una bilateralidad compatible con la multilateralidad. Una lealtad institucional que se oriente a la cooperación. Un mundo de competencias, sí; pero también un mundo de coincidencias, concurrencias y complicidades. Hacer de la lealtad y la cooperación el mecanismo fluido para avanzar en la práctica en la transformación federal del Estado.

Fomentar la transformación del Estado: para que integre mejor la pluralidad y la diversidad. Sí, un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, desde el reconocimiento de que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Mejor reconocimiento y fortalecimiento de todas las lenguas oficiales. Debemos renovar primero la cultura política, luego pondremos los nombres a las cosas y buscaremos su acomodo normativo o institucional. Para lo primero, vamos tarde. Para lo segundo, tenemos tiempo. En todo caso, no hacer nada que signifique un retroceso o un fracaso. Avanzar en los planteamientos, aunque debamos renunciar, por el momento, a las concreciones. Un nuevo pragmatismo, el idealismo de la política razonable.

Buscar soluciones factibles: temporales, transitorias, provisionales. Abandonar la idea funesta de la solución definitiva, o de la urgencia histórica. Cuando los objetivos políticos de cada parte son su programa máximo, surge la parálisis que impide progresar e imposibilita los acuerdos. No hay victoria absoluta, nunca. No hay solución definitiva, ahora. Esta generación actual debe dejar la situación mejor de lo que la encontró, preparando un futuro sin cargas excesivas y confiar en las próximas generaciones.

Priorizar lo urgente: reforzar el autogobierno. En lo institucional, en lo normativo, en lo fiscal y lo económico. Un plan del Estado para recuperar el vigor y la fortaleza institucional de la Generalitat. Nuestros déficits son alarmantes: tenemos menos sanitarios que la media española o europea; tenemos menos policías que la media española o europea; tenemos menos profesores que la media española o europea. Cataluña sufre por incompetencias de su gobierno, sí; pero también por falta de competencias y de recursos. A España le conviene una Cataluña de primera. Y a Cataluña conviene una España de primera. Recordemos a Maragall: lo que es bueno para Barcelona, es bueno para Cataluña y lo que es bueno para Cataluña es bueno para España. Y también en sentido inverso.

Saber renunciar: renunciar a resolver los problemas de fondo con soluciones unilaterales, rápidas, fraudulentas o con mayorías insuficientes. Nada importante se consigue solo con la mitad de los apoyos. Ni sin la otra mitad, ni contra ella. Se puede obtener la confianza de una sociedad política con una mayoría, sí; pero no se puede cambiar las normas que deben asegurar la convivencia de todos solo con esa legitimidad.

Tener siempre presente al destinatario: todo nuestro esfuerzo tiene un destinatario claro, la sociedad toda. La sociedad española y la sociedad catalana, en su diversidad, en su complejidad. Necesitamos la reconciliación. Una nueva oportunidad para entendernos. Ese es el sentido último de la política. Un problema político solo encontrará solución en la política. Pensemos en la sociedad toda, en la Cataluña toda y la España toda. No pensemos en los dirigentes, pensemos en sus seguidores, los de unos y los de otros. Quien mejor decline el diálogo y la reconciliación mejor servirá a Cataluña y a España. Pensemos en los estadistas que así lo demostraron. Pensemos en Adolfo Suárez y en Josep Tarradellas. Ellos quisieron y pudieron. Nosotros, si lo queremos, lo conseguiremos.

Muchas gracias.

About Miquel Iceta

Sóc primer secretari del PSC, president del grup socialista al Parlament de Catalunya i candidat a la Presidència de la Generalitat

Posted on dijous 27 Setembre 2018, in Intervencions públiques. Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.