El president Montilla parla a Madrid

Aquest matí el President Montilla ha fet una conferència en el Fòrum Europa. La trobareu transcrita tot seguit.

Intervenció del president José Montilla en el Fórum Europa

Seguro que todos ustedes compartirán que mis primeras palabras vayan destinadas a condenar el atentado, afortunadamente sin víctimas mortales, de esta noche en Burgos. Nos une a todos el rechazo de la violencia etarra, la solidaridad a los Cuerpos de Seguridad y especialmente el apoyo a la Guardia Civil.

Quisiera agradecer a los responsables de Nueva Economía Fórum, y especialmente a su presidente, José Luís Rodríguez, la oportunidad que me han brindado para, una vez más, compartir algunas reflexiones con todos ustedes.

Y de este modo trasladarles, como presidente de Catalunya, mi valoración del actual momento político, especialmente tras el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, alcanzado hace un par de semanas. Agradezco, asimismo, su presencia aquí, que interpreto, además de como una muestra de interés, como una clara predisposición a la comprensión, al diálogo y al entendimiento.

Lógicamente, mi intervención pretende tratar ese acuerdo y lo que conlleva, tanto para Catalunya como para el conjunto del Estado y de las distintas CC.AA.

Pero existen otros temas de gran actualidad, indirectamente relacionados con la financiación, como la instrumentalización partidaria del acuerdo y cuáles son los límites de la discrepancia cuando ésta se instala en la catalanofobia más primaria.

Así como los referidos a la profunda crisis económica que estamos padeciendo y a las medidas adoptadas desde cada gobierno para combatirla.

Finalmente, dos años después de haberme referido por primera vez al riesgo de que arraigara un sentimiento de desapego o desafección entre los ciudadanos de Catalunya, creo que siguen abiertas y pendientes algunas de las razones que motivaron aquella reflexión. De modo que quisiera, al final de mi intervención, volver un momento sobre ello.

El pasado viernes se celebró un debate extraordinario, en el Parlament de Catalunya, para tratar monográficamente sobre el acuerdo logrado entre el gobierno del Estado y la Generalitat de Catalunya, para desarrollar y aplicar lo previsto en el Título VI y en las disposiciones adicionales y finales del Estatuto aprobado en 2006, que también han hecho y están haciendo otras comunidades autónomas.

Acuerdo que, el Gobierno de España ha planteado al conjunto de comunidades autónomas, siendo adoptado, sin ningún voto en contra, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, hace unos días.

En mi intervención ante el pleno del Parlament de Catalunya, señalé tres ideas.

Primera: Que el acuerdo alcanzado entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España era un buen acuerdo.

-Porque se ajusta a los criterios previstos en el Estatuto y desarrolla a fondo sus potencialidades.
-Porque supone el reconocimiento explícito del trato financiero injusto sufrido por el autogobierno de Catalunya en los modelos precedentes, y corrige una situación que había devenido intolerable políticamente e insostenible económicamente.
-Porque los modelos anteriores no habían dado el resultado previsto, y el nuevo, en cambio, nos proporciona más recursos para afrontar nuestras necesidades de gasto.
-Porque se ha cambiado la lógica general del modelo, al fijar más claramente la amplitud y concreción del principio de solidaridad a los servicios básicos del Estado del Bienestar.

Pero, con el mismo convencimiento, afirmo que estamos ante un buen acuerdo para toda España porque es generalizable al conjunto de las Comunidades Autónomas de régimen común, y mejora la financiación de todas ellas.

Y es un modelo más claro y menos sometido a retoques y modificaciones arbitrarias y discrecionales por parte del Gobierno, como sucedía con el modelo de 2001.

Creo, sinceramente que, una vez más, Catalunya ha desbrozado el camino y está ejerciendo el papel que le corresponde en la evolución del Estado hacia un modelo con mayor implicación y participación de las Comunidades Autónomas.

Una evolución que, en lo que respecta a la corresponsabilidad fiscal, dio sus primeros pasos, también gracias a la iniciativa de Catalunya, a principios de la década de los 90, con la cesión del 15 % del IRPF.

Bueno será dejar dicho aquí que, aunque el primer acuerdo fue establecido por los gobiernos de Felipe González y de Jordi Pujol, la base teórica de aquella propuesta tenía un autor intelectual: Antoni Castells, el actual conseller de Economia que, con su convencimiento y rigor, ha protagonizado, por parte del Govern, la negociación ahora culminada.

La segunda idea es que, si consideramos las lógicas restricciones derivadas de la difícil situación económica y los obstáculos y las inercias políticas que se han vencido para hacerlo posible, este acuerdo se nos aparece más loable todavía.

Y en tercer lugar, se trata del mejor acuerdo de financiación logrado desde la recuperación del autogobierno de Catalunya, hace 30 años al inicio de la Transición y de la evolución de España hacia el Estado descentralizado actual.

Es el mejor modelo por sus propias características, ya que garantiza tanto la estabilidad, como la actualización anual de variables como la población y la revisión de los aspectos estructurales cada cinco años.

Lo es porque la financiación del autogobierno nunca había estado tanto como ahora en manos de los gobiernos autónomos.

Dicho todo esto, no quisiera que nadie viera en esta expresión de satisfacción ni un ápice de triunfalismo.

Estoy seguro que el Acuerdo de Financiación y su desarrollo van a estar seguidos por el escrutinio crítico de la oposición y de la opinión pública.

He pedido en Catalunya -y repito aquí para la ciudadanía española en su conjunto-, disculpas públicas por el ruido y la incertidumbre excesivos que han acompañado la negociación. Me hubiera gustado también algo de autocrítica de quienes han sido, precisamente, los causantes o los amplificadores del ruido.

Pero pedir disculpas no está bien valorado, lamentablemente, en la política española, en estos tiempos.

Debo reconocer que incluso yo mismo, en algunos momentos, he debido responder a declaraciones cuyo contenido consideraba ofensivo políticamente, o a tergiversaciones interesadas, manipulaciones groseras y dilaciones inexplicables.

Me refería hace un momento a las difíciles circunstancias que han rodeado este acuerdo que, como todo el mundo sabe, llega, desde nuestro punto de vista, con un año de retraso, aunque entra en vigor desde el 1 de enero de 2009.

Dificultades políticas que han erosionado incluso la confianza institucional. Dificultades económicas derivadas del severo impacto de la crisis.

Todos ustedes recuerdan como, desde hace más de un año y especialmente en los últimos meses, diferentes voces han defendido aplazar la financiación autonómica, con el pretexto de priorizar las políticas anti-crisis.

Precisamente, me he manifestado contrario en reiteradas ocasiones a esas opiniones, que caracterizan a las autonomías como un obstáculo molesto para combatir eficazmente la crisis económica.

Opiniones que demuestran lo poco o mal que se ha entendido el sentido, la fuerza y la responsabilidad de la profunda y todavía inacabada descentralización vivida por el Estado español en los últimos treinta años.

O, quizás, sea que lo han entendido demasiado bien, pero siguen negándose a admitir que las Comunidades Autónomas son más Estado que nunca.

Hay que superar una distinción general y banalmente admitida entre el Estado y las Autonomías, en la que subyace la idea de que sólo existe un único poder político, serio, que seria el del estado, concebido aún de forma automática e inconsciente como Estado unitario.

Apunto aquí algo que ya he reconocido anteriormente pero que deseo reiterar desde esta tribuna: mi reconocimiento al esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno de España, a la comprensión que del problema de financiación de Catalunya tiene el Vicepresidente Chaves y, muy especialmente en esta fase final con el protagonismo de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para superar los obstáculos que habían mantenido bloqueado durante meses el acuerdo de financiación.

Y quiero expresar una vez más, públicamente, mi reconocimiento al impulso que el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, ha dado al proceso.

Su actuación ha sido coherente con el compromiso que, hace tres años, había adoptado para sacar adelante el Estatuto.

Pocas dudas tengo que, si el presidente del Gobierno de España fuera el presidente del partido que llevó el Estatut ante el Tribunal Constitucional, el acuerdo ahora alcanzado no hubiera sido más difícil sino, simplemente, imposible.

En síntesis, hemos logrado el mejor acuerdo posible, en un contexto económico muy difícil, acompañado demasiado a menudo por un ambiente político de recelo y prevención injustificados hacia Catalunya, jaleado a menudo y de modo irresponsable por el principal partido de la oposición en España.

Me gustaría creer que este clima político hostil disminuirá. Y tengo la convicción de que el nuevo modelo de financiación tendrá efectos positivos en la recuperación económica y en la atención a las consecuencias sociales de la crisis.

Efectos generalizados en toda España, pues aquellos que hoy lo critican ferozmente pasarán a reclamarlo para sí mismos inmediatamente para no ser menos que Catalunya, y en poco tiempo, lo defenderán como algo irrenunciable. Como ha sucedido tantas veces desde el inicio de la Transición.

Porque, insisto: nunca he oído a ningún presidente de Comunidad Autónoma (indistintamente del color político) plantearse la devolución de competencias al Estado, aunque las haya obtenido, en algunos casos, después de reclamar lo que había conseguido Cataluña.

Hay que hacerse a la idea de que la España de hoy es una realidad plural y compuesta, y que su evolución y progreso irán incuestionablemente ligados a esa realidad, que además constituye el gran éxito de la Constitución de 1978.

Catalunya actúa de cara, con franqueza, que es la base indispensable para cualquier relación de cooperación y colaboración. Abrimos caminos que otros transitan. Bien. No tenemos quejas ni reproches. No buscamos el aplauso por hacer lo que creemos que es justo. Y no nos importa que sea compartido.

Todo lo contrario.

Con la misma claridad y convencimiento con que defiendo la bondad del Acuerdo, también afirmo que comporta una serie de deberes, de exigencias, para el Gobierno de Catalunya.

Obligaciones inherentes a la co-responsabilidad fiscal, con todo lo que ello implica de mayor transparencia hacia el contribuyente, de mayor visibilidad de la administración de la Generalitat como recaudadora de los impuestos de los catalanes.

Podemos, queremos y debemos acabar con la demagogia de quienes tratan a las autonomías como menores de edad, dedicadas en exclusiva a gastar, pero sin asumir la impopularidad de recaudar impuestos.

Honestamente, no creo que la Generalitat de Catalunya merezca ese reproche. Desde siempre, nuestra institución ha decidido asumir dicha impopularidad, así como los riesgos y servidumbres que suponen gobernar.

Por ejemplo: en política fiscal. Nosotros aplicamos el llamado céntimo sanitario, como otras comunidades. Nosotros no hemos eliminado el impuesto de sucesiones, como han hecho otras comunidades, que luego sí reclaman más fondos al Estado.

Rebajar los impuestos sobre los que se tienen competencias para luego reclamar fondos al Estado constituye una idea de la lealtad institucional que, desde luego, no comparto.

Nosotros creemos en el autogobierno y lo asumimos con todas sus consecuencias.

Al mismo tiempo, el nuevo modelo aumenta nuestra responsabilidad y exigencia para justificar el gasto público, la administración de los recursos y la gestión de los servicios ante los ciudadanos.

Una exigencia renovada, pues se trata de usar estos recursos con la máxima eficacia y eficiencia, afrontando las reformas necesarias para lograrlo.

Conteniendo el gasto, priorizando adecuadamente qué debe hacerse de inmediato, y qué puede esperar a una mejor coyuntura.

Les decía al principio que quería referirme también, aunque fuera muy brevemente, a la situación económica.

Desde abril de 2008, a medida que se han ido perfilando las consecuencias de la coyuntura económica, la Generalitat ha aprobado diversos paquetes de medidas, tanto en forma de un primer paquete integral como posteriormente de carácter más sectorial -relacionados con el automóvil, la vivienda, el crédito a las Pymes, etc- con el objetivo de atender las necesidades de los colectivos más directamente afectados.

En total, se han movilizado más de 9.200 M?, el equivalente al 4,2% de nuestro PIB o el 25% del Presupuesto Consolidado, lo que supone un importante esfuerzo, se mire como se mire.

Estos 9.200M? se han dedicado a 3 objetivos preferentes:

a. o recursos financieros para el desarrollo empresarial (5.000 M ?, en forma de avales i créditos)
b. o inversiones directas de la Generalitat (3.000 M?); y
c. o 1.250M? en medidas de ahorro y austeridad presupuestaria.

El pasado mes de junio aprobamos un Plan de Ajuste Presupuestario por valor de 900M?, en un ejercicio de responsabilidad ante la caída de los ingresos públicos, pero que no va a afectar a la prestación de los servicios esenciales básicos, ni a ámbitos estratégicos cómo el I+D+i.

Pocos habrán hecho un esfuerzo similar aunque sí hemos visto anuncios de medidas muy efectistas y de alto contenido cosmético por parte de algunas CCAA.

Ahora, con el Acuerdo de Financiación y los recursos adicionales que va a suponer para la Generalitat queremos asegurar dos objetivos:

-Reforzar los servicios esenciales del Estado del Bienestar, y
-Mejorar la situación del tejido social y económico de Catalunya porque nuestro objetivo es que nadie se quede atrás como consecuencia de la crisis.

Llevando a cabo estas actuaciones y manteniendo la política de austeridad en el gasto no productivo y el rigor presupuestario, para que el déficit se sitúe en unos parámetros que garanticen la estabilidad financiera de la propia Generalitat.

Por otro lado, en distintas ocasiones a lo largo los últimos meses me he referido al conjunto de reformas estructurales que la economía española necesita.

El ámbito competencial de estas reformas excede el de los gobiernos de las CC.AA., y se sitúa dentro del Gobierno de España y del de las instituciones europeas.

Sin embargo, he defendido y afirmo que las comunidades no pueden quedar al margen de un debate tan relevante como este.

Cuando hablamos de transformación del modelo económico, debemos tener presente que todos vamos a tener que sacrificarnos. Y quien les diga lo contrario, les está engañando.

Por ello precisamente es necesario el máximo consenso político, económico y social. Quede claro en este punto, mi apoyo al Gobierno de España por su empeño y firmeza en un proceso de diálogo social roto inexplicablemente la semana pasada. Confío en que la urgencia y la necesidad del pacto permita recuperar el clima negociador cuanto antes.

Asimismo, creo que debemos hablar de transformación y no de cambio de modelo económico. No debemos confundir lo maduro con lo obsoleto, ni cometer el error de arrinconar los sectores tradicionales y fundamentales de nuestra economía.

La transformación del modelo no surgirá por decreto y sí de la capacidad de estos sectores tradicionales de adaptarse a la nueva realidad.

Hechas estas observaciones, anoto que, bajo mi punto de vista, se deben abordar, y en algunos casos se hacen necesarias reformas estructurales. Estas reformas son necesarias, algunas a corto plazo, pero todas ellas a medio y largo plazo.

Son reformas que de la mayoría no se desprenderán resultados inmediatos sino a medio y largo plazo. Eso sí, los costos políticos que algunas implicarán serán a corto plazo. Y además requieren un clima de pacto y acuerdo difícil de conseguir en el momento actual.

Estoy hablando del sistema básico de Pensiones, en el marco de las reflexiones del Pacto de Toledo, para garantizar las pensiones en el medio y largo plazo. Del sistema de relaciones laborales, en el marco del, esperemos que posible, recuperado diálogo social, que ni ponga en peligro la estabilidad financiera de la Seguridad Social, ni precarice la protección de los trabajadores.

Del sistema Educativo y Sanitario. Nuestro sistema Educativo y Formativo requiere reformas. Algunas se pueden realizar des de las comunidades autónomas. Nosotros lo hemos hecho recientemente, con la aprobación de la Ley de Educación (LEC), con los objetivos de mejorar la calidad de la educación, reducir el fracaso escolar, mejorar la autonomía de los centros y su evolución. Así como mejorar la carrera docente, reforzar la autoridad y profesionalidad de los equipos directivos.

Por lo que hace referencia a la Salud, también serán necesarios esfuerzos que Gobierno y comunidades autónomas habrían de afrontar para garantizar la sostenibilidad futura del sistema. Y se ha empezado a debatir en el Consejo Territorial de Sanidad.

Finalmente, por lo que hace referencia a otras reformas estructurales, es de esperar que la transposición de la Directiva Europea de Servicios sea una oportunidad por lo que se refiere a las materias de que es objeto.

Voy a ir terminando.

Y quiero hacerlo con una reflexión sobre el clima político, y sobre cómo éste dificulta la aceptación de los avances, graduales pero ciertos, del Estado español como realidad compleja. El nuevo modelo de financiación ha sido el último ejemplo de esta dificultad. Pero el problema no ha aparecido ahora.

En los últimos años, hemos encontrado crecientes obstáculos para expresar serenamente nuestras aspiraciones de mejora del autogobierno y para concretarlas a través del nuevo Estatut.

De hecho, su despliegue ha agudizado, si cabe, el carácter agónico del debate público.

La propuesta formulada desde Catalunya, escrupulosamente respetuosa con los canales constitucionales fijados, ha chocado con una incomprensión mayor de la esperada y razonable.

Ha generado una reacción adversa de una intensidad inusitada por parte de importantes sectores de la política y los medios de comunicación del resto de España.

Un clima que ha deteriorado excesivamente las relaciones entre Catalunya y el conjunto de pueblos de España.

La sospecha, la desconfianza y el recelo sistemáticos se han apoderado del debate público. Una situación agravada por un pesimismo atávico que acepta los peores presagios acríticamente. Provocando un estado de irritación o de desánimo absolutamente desproporcionados.

Todo ello configura un estado de ánimo negativo que se retroalimenta permanentemente. El pesimismo ha adquirido un excesivo prestigio intelectual.

El “España se rompe” o el “Cataluña quiere quedarse con todo” no es que haya adquirido un nuevo prestigio; simplemente ha renacido con nuevos bríos, por parte de aquellos que lo activan o desactivan en función de sus intereses políticos.

Pero no en relación con Catalunya, sino siempre en contra del Gobierno de España. Nada nuevo: la misma cantinela de hace 75 años, hace 30 años, hace tres años. Siempre acusando al gobierno de España de ser rehén de Catalunya, de su gobierno o de sus fuerzas políticas.

Pero, insisto: no he visto yo a ningún presidente de Comunidad Autónoma rechazar lo que ha conseguido del Estado después de que Cataluña haya abierto camino. Y ya va siendo hora de actuar con algo más de honestidad.

Por eso, aún a riesgo de que parezca un empeño cándido, cuando no inútil, quisiera hablarles un momento de lealtad y confianza.

Puede que alguien piense que hablar de conceptos y de valores no tiene nada que ver con una actualidad política, económica y social cargadas de problemas e incertidumbres. Quien así lo crea, probablemente interpretará mis palabras como una huída de la realidad.

Personalmente no lo veo así. Al contrario, creo que la cuestión que ahora mismo está en el centro de la relación política entre el Gobierno de Catalunya y el Gobierno de España y las instituciones del Estado, sólo puede tener solución, sólo va a encontrar una salida en positivo, desde una recíproca lealtad institucional y desde la confianza política.

El Estatut es la solución y el camino. Su desarrollo desde la lealtad institucional es la vía que garantiza el fortalecimiento de la cooperación desde la legalidad y el interés mutuo.

Tenemos un Estatut, un acuerdo político entre las partes, en forma de Ley orgánica refrendada, además, por la inmensa mayoría de los catalanes. Y si cumplir lo acordado con Catalunya significa reformas de modelo, como la de la financiación, bienvenidas sean. Más Estatut, o mejor dicho, todo el Estatut es imprescindible e innegociable para Catalunya. Pero también una excelente oportunidad para la modernización del Estado y para la profundización del estado de las autonomías. Algunos recelan del nuevo reparto de las cargas del Estado entre los diferentes niveles de la administración. Yo, en cambio, creo que es la apuesta más sólida, más estable y más eficiente para la España plural del siglo XXI.

Porque creo que el fondo del problema es ponerse de acuerdo sobre la naturaleza y el alcance del Estado de las Autonomías y sobre las reglas de juego que han de regirlo. Y compartirán conmigo que un asunto tan complejo y delicado no se dirime ni con interpretaciones rígidas de las normas ni con fórmulas simplistas.

El acuerdo sobre el fondo, así como el perfeccionamiento de las reglas, debe ser fruto de la experiencia acumulada en el esfuerzo compartido por servir mejor a los ciudadanos de nuestro país.

Al fin y al cabo, el espíritu que, desde el inicio de la Transición, infunde vida y late permanentemente en España, en la España plural, es el espíritu de pacto.

Y el Estatuto de 2006 no es otra cosa que un pacto. Un pacto que nos obliga a todos. No es simplemente una Ley de Catalunya, es una Ley Orgánica del Estado español, refrendada por el pueblo de Catalunya.

Y su cumplimiento no incumbe solamente a las instituciones de Catalunya sino a todas las instituciones españolas.

Una y otra vez, hemos intentado explicar -tal vez, no siempre con acierto, lo reconozco-que nuestras aspiraciones eran y son, además de justas, razonables y de incidencia inmediata en la realidad cuotidiana de la ciudadanía.

Hemos hecho el esfuerzo de hacer comprensibles las dificultades reales existentes y, al mismo tiempo, las limitaciones que dichas dificultades comportan para nuestras aspiraciones.

Y hemos procurado proporcionar suficiente perspectiva a las decisiones de hoy, enmarcándolas en nuestra evolución histórica y proyectándolas hacia futuros viables.

Creo que los ciudadanos de Catalunya y del conjunto de España necesitan y exigen que, desde la política, hagamos un ejercicio de realismo, de claridad sobre nuestros propósitos y de honestidad en nuestros planteamientos.

No existen fórmulas mágicas para superar este distanciamiento entre el país real y el país imaginado por la clase política y mediática.

Quienes no estén dispuestos a hacerlo por convicción, deberían hacerlo por simple interés.

Porque si persistimos en el error de someter a nuestros conciudadanos al vaivén excitado del cortoplacismo tremendista, el alejamiento entre ciudadanía y política será cada vez más creciente.

Lo mismo que dije el otro día en el Parlamento catalán es de aplicación en la capital de España: Debemos esforzarnos por pasar página. Por superar esta fase en la que Catalunya ha sido excusa para atacar al gobierno de España. Porque aquí está otra de las claves del desapego o desafección al que me referí hace dos años en esta misma tribuna.

A veces tengo la sensación que si pudiéramos eliminar el argumento “Catalunya” de la contienda política española de los últimos cinco años, se iba a producir un clamoroso silencio que provocaría vértigo entre la clase política. Y una cosa más. Como Presidente de la Generalitat de Catalunya debo advertir y exigir respeto para las formaciones políticas, para todas las formaciones políticas de Catalunya. Cuando defienden sus posiciones, defienden ideas que hay que respetar como demócratas, pero sobre todo defienden a electores, que son mis conciudadanos.

Creo que representar, casi caricaturizar a las fuerzas políticas catalanas como casi depredadoras o chantajistas es absolutamente injusto y desproporcionado para una comunidad que si por alguna cosa puede destacarse es por su solidaridad con el resto de España.

Presentar a Catalunya como chantajista cuando defiende sus intereses, cuando negocia, cuando acuerda es falso, es interesado y desvía la atención de los que sin pudor convierten la negociación política en un puro mercado. O bien se aprovechan después del camino desbrozado.

Ahora sí voy a terminar. Con una brevísima referencia al otro gran tema pendiente de la agenda catalana. Aunque éste no depende del Gobierno, pero sí de una de las más importantes instituciones del país: el Tribunal Constitucional. Me refiero, naturalmente, a la sentencia sobre los recursos presentados contra el Estatut.

Ya he expresado en otras ocasiones cual es mi posición sobre este tema tan transcendental:

Estoy convencido de la corrección del proceso y de la constitucionalidad del texto sometido a referéndum hace ahora tres años. Y así espero que se reconozca.

De modo que no voy a añadir más que eso. No quiero anticipar acontecimientos ni reacciones.

Tiempo habrá. Y nada más.

Me gustaría que mis palabras de hoy hubieran servido para que se queden con la idea de que Catalunya quiere estar y seguir en España, aportando, construyendo, liderando en la medida de sus posibilidades.

España puede y debería aprovecharse de las soluciones que desde Catalunya exploramos desde hace tiempo. El modelo catalán de acuerdos estratégicos en economía, por ejemplo, puede humildemente, ser de utilidad.

Los líderes españoles, que no lo han hecho aún, como sí han hecho el presidente del Gobierno y el vicepresidente Chaves, han de tener el coraje de decir aquí alguna vez, que sí, que lo que es bueno para Catalunya también es bueno para España. Que no hay contradicción, ni anatema. Ni mucho menos riesgos, sino futuros.

Es más, perder votos o simpatías por cumplir lo acordado no puede ser una razón para no hacer lo que se debe. Esa es la ética de la política. Decir lo que se piensa. Pensar lo que se dice. Y, siempre, hacer lo que se dice. Cumplir lo acordado, lo prometido, lo pactado es el principio básico de cualquier  proyecto democrático.

Y no les quepa duda de que, a día de hoy, ponen mucho más en riesgo esta voluntad de permanencia algunos separadores de aquí, que todos los que tienen como horizonte legítimo, alejarse. No lo duden.

Pero debe quedar claro que lo que Cataluña no quiere es quedarse sentada a esperar pasivamente, sino protagonizar su futuro y participar activamente junto a las demás comunidades, en la construcción del futuro de España.

Ocupando su lugar. El lugar que le corresponde por méritos propios; por su peso, por su aportación a la riqueza económica, cultural y política de la realidad democrática que hemos ido construyendo durante más de treinta años.

Muchas gracias.

About Miquel Iceta

Sóc primer secretari del PSC, president del grup socialista al Parlament de Catalunya i candidat a la Presidència de la Generalitat

Posted on dimecres 29 Juliol 2009, in Montilla. Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

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